Así lo afirmó el Licenciado Fernando Cabani, Director Ejecutivo de la UGL N°38 de PAMI ante las declaraciones vertidas en el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, por parte del Intendente Guillermo Britos, quien reclamó por prestaciones no abonadas por atención de pacientes oncológicos desde octubre del 2019.
“El Hospital de Chivilcoy adeuda documentación desde octubre del 2022, lo que impide avanzar con el contrato de prestación de servicios en el área de Oncología” y que dicha situación fue comunicada “vía nota institucional al Intendente, a quien le reitero que estamos a disposición para ayudar, esto no se trata de un color político sino del beneficio de la sociedad”, detalló, “lo que más nos importa es que cada vez lleguen más recursos a nuestra ciudad porque es la ciudad de todos nosotros”.
“En el año 2018, se le informó al Hospital Municipal de Chivilcoy que para actualizar las prácticas de oncología que se dividen en la consulta y en las sesiones de quimioterapia, debían cargar documentación”, explicó.
“Ese pedido fue realizado el día 2 de noviembre del 2018”, prosiguió, “notificado por las autoridades del organismo de ese entonces, es decir que para continuar cobrando las prestaciones oncológicas, PAMI emitió a nivel nacional una resolución mediante la cual se debía cumplimentar dicha documentación. Desde esa fecha y hasta el 4 de octubre del 2022, el Hospital nunca cargó esa documentación en el sistema de PAMI para que puedan trabajar en materia de oncología y cobrar esas prácticas, esa es la realidad.
Recién en esa fecha, cargó parte de esa documentación para ser posible celebrar un contrato, faltando tres documentaciones puntuales: la habilitación ministerial correspondiente, un certificado de la Superintendencia de Salud y un seguro de mala praxis”.
Asimismo, aseveró que, “cuando complete la documentación faltante, recién ahí, PAMI puede hacer auditoria en terreno para luego celebrar el contrato, pero de ninguna manera se trata de que “PAMI no le paga”, sino que de ser así, incurriría el organismo en una ilegalidad, por pagar por algo que no está habilitado por contrato para prestar los servicios.
