Dr. Adrián Vila -Secretario de Cultura y Educación de Chivilcoy en el acto oficial del 24 de Marzo
“Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese Gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.” Rodolfo Walsh, Fragmento de la Carta a la Junta Militar (Marzo 1977)
Durante el siglo XX se han desarrollado, con diferentes formas y contextos, políticas públicas integrales llamadas “Estados de Bienestar” que dieron respuesta a algunos aspectos estructurales: a) las crisis del capitalismo de principios del siglo XX; b) a los desajustes políticos y económicos provocados por las guerras mundiales y c) al avance de las fuerzas contrarias al capitalismo, como lo fueron la revolución rusa y el desarrollo de los llamados países socialistas.
Estos Estados de Bienestar estaban conjugados por un conjunto de instituciones que de forma variable fueron dominantes hasta fines de siglo XX y garantizaban la integración social de amplias masas populares. La institución-eje era el trabajo asalariado, como la puerta para acceder a la condición de ciudadano portador de derechos y a los mecanismos de integración social. Sin embargo, los medios de inclusión eran varios, articulados como un conjunto de redes sociales de diverso tipo garantizadas como políticas de Estado. Se pueden identificar: pleno empleo, empleo público, empresas públicas, inversión privada sostenida, derechos y garantías institucionales, inversión pública en recursos estratégicos.
Estas instituciones que garantizaban un tipo de organización social fueron socavadas a partir de la década del 70 de diferentes formas por un gran movimiento neoliberal mundial surgido por las llamadas crisis de acumulación, propias de los sistemas económicos dominantes, sobre todo, en la coyuntura creada por la llamada “crisis del petróleo” de 1973. El discurso neoliberal encontró un culpable a la crisis de acumulación del sistema capitalista: el Estado de Bienestar y su papel en la redistribución de recursos y la regulación de la economía. Es así como de diferentes formas y bajo diferentes ropajes fueron cayendo una a una, las instituciones antes mencionadas.
En la Argentina, este proceso comienza en marzo de 1976 con el golpe militar. Las primeras medidas económicas de Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura fueron congelamiento de salarios, eliminación de controles de precios, devaluación del peso, supresión de actividades gremiales y del derecho de huelga. Una consecuencia del plan, cuya consigna fundante era “Achicar el Estado es agrandar la Nación”, fue de una caída del salario real del 30%.
A grandes trazos, se basaba el endeudamiento externo, la desindustrialización, la desregulación de los mercados de divisas, la represión de las fuerzas populares que resistían a la perdida de los derechos sociales conquistados y la desinversión en áreas estratégicas. Se inició el deterioro del sistema previsional de la mano del crecimiento de la informalidad laboral y por la exención de pago de la contribución empresaria a las cajas de haberes; se inició la transferencia del área de salud pública al sector privado; se desarticuló la estructura sindical creada desde 1945; se cerraron 800 estaciones de tren, dejando a pueblos enteros en el aislamiento; se clausuraron casi 4.500 km de vías de ferrocarril –el servicio de trenes se redujo un 40% durante el período; decreció el número de trabajadores asalariados y creció el número de cuentapropistas. Las concesiones de obras públicas y compras del Estado generaron una marcada concentración de la economía en manos de grupos familiares y empresas nacionales y multinacionales: “la patria contratista”.
A mediados de 1977, Martínez de Hoz puso en marcha una reforma financiera que impulsó la especulación al multiplicarse la cantidad de bancos –de 119 en mayo de 1977 a 219 en mayo de 1980– al dejar libres las tasas de interés. La “tablita” cambiaria (1978) fijaba el valor del dólar inferior a la inflación. Eso, unido a una reforma arancelaria que redujo los impuestos de importación, provocó una corrida importadora que produjo un déficit comercial descomunal. Por primera vez en la historia argentina el sector financiero pasó a ser el sector más importante de la economía. Desde el modelo de crecimiento productivo agroexportador impulsado desde 1880, pasando por el modelo industrial desde la transición 1930-1945 y la sustitución de importaciones y el desarrollismo, el país vio quebrar su proceso de industrialización.
Entre 1975 y 1982, la deuda externa aumentó de 8.000 millones a 43.000 millones de dólares. En 1982, se transfirieron al Estado deudas de empresas por 15.000 millones de dólares, en lo que se conoció como la “estatización de la deuda externa privada”. En 1981 y 1982, la economía cayó más de 10 puntos del PBI, volviendo al nivel de 1975. Pero con el aparato productivo destruido.
El terror a gran escala (la dictadura militar universalizó el vocablo desaparecidos) combinado con las medidas económicas, sociales y políticas serviría para el disciplinamiento de amplios sectores de la población. Aunque no todo fue sin resistencias. Algunos sectores del movimiento obrero no colaboracionistas efectuaron jornadas de lucha y huelgas y movilizaciones en plena represión. Comisiones internas, aunque castigadas, enfrentaron al Proceso militar con las herramientas que disponían. Ocupación de tierras con fines habitacionales, ollas populares, protestas juveniles de la mano del rock nacional –sobre todo a partir de la Guerra de Malvinas–, protesta de intelectuales y gente de la cultura en contra de la censura y las desapariciones de agentes culturales formaron también parte del repertorio de acciones colectivas de resistencia al régimen, además de acciones efectuadas por algunas organizaciones guerrilleras.
Cacerolazos contra la inflación, organizaciones creadas a efectos de derogar el servicio militar, lucha por la patria potestad compartida fueron actividades organizadas por mujeres, algunas de ellas por grupos feministas. El 30 de abril de 1977 se iniciaron las marchas semanales de las Madres de Plaza de Mayo.
Así, los sectores asalariados pasaron de percibir el 43% del PBI a principios de los 70, al 30% en 1981. En la actualidad (segundo trimestre de 2018) el sector asalariado percibe el 45,2%; el sector patronal el 45,9% y el 10,7% restante lo percibe el sector cuentapropista.
El desempleo, a fines de 1975 era menor al 5%. Al final de la dictadura era del 7%. Hoy estamos en un porcentaje cercano al 10% (se pueden observar los picos históricos en el cuadro adjunto).
En 1974 el 4,57 % de la población era considerada pobre para el INDEC. En 1982 el porcentaje era del 21,55%. Para la Universidad Católica Argentina (UCA) en el tercer trimestre de 2018 el índice de pobreza era de 33,6%. Para INDEC, el porcentaje de pobres al primer semestre de 2018 era de 27,3%.[i]
En relación con la línea de indigencia (el porcentaje de la población que no cuenta con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas) en 1974 para la UCA, era cercano al 2%. Al final de la dictadura era del 5,19%. En la actualidad es de 4,9% (para INDEC, primer semestre de 2018).
Podemos coincidir en que la dictadura militar puso fin al perfil socioeconómico de país integrado conformado por segmentos de ingresos medios, ese perfil que distinguió a la Argentina del resto de los países del Sur mundial desde, con vaivenes, mediados del siglo XX. Y dejó diseñada la estructura estratégica más importante que aún se mantiene: el patrón distributivo desigual que nos interpela día a día.
Fuentes:
CEPED – Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, en línea [Consulta del 4 de marzo de 2019] Obtenido en: http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/ceped/INDEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. “Informes técnicos”. Buenos Aires, en línea [Consulta del 5 de marzo 2019] Obtenido en: https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=27&id_tema_3=64
Lobato, Mirta y Suriano, Juan. La protesta social en Argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003. ISBN: 978950557572503
Minujín, Alberto, editor. Desigualdad y exclusión. Desafíos para la política social en la Argentina de fin de siglo. Buenos Aires: UNICEF / Losada, 1993. ISBN 950-03-7171-5
Nochteff, Hugo (Comp.). La economía argentina a fin de siglo: fragmentación presente y desarrollo ausente. Buenos Aires: FLACSO / EUDEBA, 1998. ISBN 950-23-0706-2
OJF y Asociados (Orlando J. Ferreres). Informes de libre acceso. Buenos Aires: en línea [Consulta del 4 de marzo de 2019] Obtenido en: http://www.ojf.com/paginas/cee_artic.htm?id=55
Universidad Católica Argentina, Observatorio de la deuda social. “Tiempo de balances: pobreza, exclusión y desigualdad en la Argentina Urbana (2010-2017)”. Buenos Aires: en línea [Consulta del 4 de marzo de 2019] Obtenido en: http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-Observatorio-Pobreza-FundacionBarcelo-11-05.pdf
Walsh, Rodolfo. “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”. Buenos Aires: Portal EducAr, en línea. [Consulta del 5 de marzo de 2019] Obtenido en: https://www.educ.ar/recursos/129063/carta-abierta-de-rodolfo-walsh-a-la-junta-militar
Aclaración: tanto UCA como INDEC modificaron las formas de medición a partir del primer semestre de 2016.
PH: Prensa Municipio de Chivilcoy.-
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