Los pueblos que olvidan corren el inevitable riesgo de repetir los errores del pasado. La memoria, la verdad y la justicia como herramientas de reconstrucción son los pilares básicos para sanar de las heridas de un pueblo que ha sufrido. Para aliviar esas penas, debemos tener en claro lo que pasó, no olvidar y por encima de todo, exigir que caiga sobre los culpables el castigo que corresponde, pues la impunidad es una espina que daña el alma de quien la padece. Debemos hablar sin eufemismos. Tenemos claro que hubo un plan sistemático y siniestro de desaparición de personas. La persona señalada, convertida en un número y sin ninguna garantía legal era privada de su libertad en forma violenta por un comando paramilitar autodenomimado “grupo de tareas” era torturada y desaparecida. La desaparición de personas fue un programa de acción, cuidadosamente planificado, estableciéndose minuciosamente los métodos para llevarlo a la práctica. No hubo “errores”, sino un plan deliberado y premeditado. El Estado, quien debe velar por el cumplimiento de las normas constitucionales, dejó de cumplir su rol para transformarse en el aparato de coacción más importante durante los siete años que duró la más siniestra dictadura cívico-militar. Todas las formas de torturas psíquicas y físicas no tuvieron otro objetivo que el de la despersonalización y aniquilación de dignidad y la vida de las personas.
Habiendo transcurrido más de tres décadas del retorno de la democracia a nuestro país, aún quedan deudas sin saldar: Por los hijos y las hijas que nunca aparecerán, por los nietos y las nietas aún no recuperados y por tantos y tantos compañeros y compañeras que dejaron su vida en una lucha desigual por un país mejor y más justo. No podemos recordar a las víctimas del terrorismo de estado sin reconocer su lucha, pero contrariamente a lo que fueron sus sueños hoy padecemos la pérdida de miles de fuentes de trabajo, la apertura de las importaciones con la consecuente destrucción de la industria nacional, el aumento del número de pobres y excluidos, brutales tarifazos, la criminalización de la protesta social, los que son directa consecuencia del proyecto conservador que lleva adelante el gobierno nacional, idéntico al que pusieron en práctica en 1976, priorizando los intereses de unos pocos amigos del poder, a costa del hambre de la mayoría de los argentinos. Todo ello bajo las órdenes y la supervisión del FMI al que en forma idéntica se ha recurrido contrayendo un endeudamiento a cien años, inédito en nuestra historia que compromete el futuro de varias generaciones.
Hoy asistimos con preocupación a un proceso de retroceso y desconocimiento de derechos por distintas medidas del actual gobierno nacional como la derogación del decreto 436 de 1984 que subordinaba el poder militar al poder civil, anunciado paradójicamente, en el acto por el día del Ejército 29 de mayo de 2016, devolviéndole una peligrosa autonomía las fuerzas militares; la aplicación del beneficio del 2×1 a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, pretender designar por decreto dos jueces de la CSJN, por declaraciones negacionistas tanto del número de desaparecidos como de la existencia de un plan sistemático de desaparición forzada de personas. Y lo más grave anunciar alegremente en campaña que se iba a terminar con el curro de los derechos humamos”. Desde esta plaza queremos tener presentes a los compañeros y compañeras desaparecidos manifestando en forma contundente que el pueblo argentino conoce sus derechos, que aprendió en los últimos años a ejercerlos y a exigir su cumplimiento, y no va a permitir ni un paso atrás ni que se vaya en contra de la voluntad de un pueblo que manifiesta hace 43 años una lucha inclaudicable por la memoria, la verdad y la justicia.
Claudia Bogliolo – Concejal PJ Cumplir
